Más de 173.000 homicidios cometidos por estas bandas, entre 2005 y el 1ro de diciembre de 2010, según registro entregado por la Fiscalía a principios del presente año deja entrever el poder oscuro y criminal que estos grupos han ido tomando en el transcurso de los últimos años.

Así mismo, se presume que el surgimiento de estas bandas es el reencauche del paramilitarismo, el cual tuvo su proceso de desmovilización durante el gobierno Uribe, de ser cierto se asume que tendrían una gran injerencia política por lo que no sorprendería que tuvieran una significativa representación en las venideras elecciones de octubre.

Con lo que la democracia colombiana se vería envuelta en un círculo vicioso evocando lo sucedido con los episodios de la para política, en los que fueron y están siendo investigados un sinnúmero de congresistas, de los cuales ya varios han sido privados de la libertad, teniendo como actual referencia al ex congresista Mario Uribe quien fue condenado a siete años y seis meses de cárcel.

Sin embargo el presidente Santos ha afirmado que las bandas criminales “no son grupos armados ilegales porque son parte de unos grupos de crimen organizado; que eso quede bien claro: no son grupos armados ilegales puesto que hay una diferencia en el tratamiento y la caracterización de unos y otros”.

Con lo que el gobierno daría un tratamiento distinto que a los grupos paramilitares, Santos añadió también que declara una guerra frontal contra estas bandas, de esta forma su afirmación no fue en vano pues tiempo después serían extraditados siete presuntos miembros de las bacrim.

A esto se suma el Plan Troya, llevado a cabo por las Fuerzas Militares el cual pretende contrarrestar la ofensiva de estas bandas.

Pero a pesar, de estas acciones, no se puede negar el poder que han llegado a acumular estos grupos, además todavía está presente en la memoria el asesinato de los dos estudiantes de la Universidad de los Andes, lo cual desató un sinnúmero de cuestionamientos hacia este fenómeno, más aun cuando se conoció a principios de febrero la muerte de otros dos estudiantes de la U. de Cartagena y del Sena.

La responsabilidad adquirida del gobierno ante esta situación es muy grande pues está en juego su credibilidad, y lo más importante debe garantizar la seguridad de los colombianos y sus derechos.

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